El Nomenclador Nacional es un catálogo oficial que regula las prestaciones y servicios de salud que utilizan las personas con discapacidad. El gobierno argentino avanza en la ley de presupuesto 2027 para eliminarlo, negando de esta forma el derecho a la vida de las personas con discapacidad.
A 50 años del golpe de estado, estamos viviendo la continuidad de las políticas eugenésicas de discapacidad que llevó adelante la última dictadura militar argentina. El cupo laboral por Discapacidad fué una de las primeras leyes en ser derogadas por la dictadura. Se persiguió y desapareció a compañeras activistas políticas con discapacidad. El sistema educativo sufrió reformas que profundizaron nuestra segregación social. Todo esto en consonancia con el ocultamiento de Alejandro Eugenio, el hijo con discapacidad del dictador Videla, internado de por vida en la Colonia Montes de Oca. El fascismo siempre ha buscado razones tanto económicas como personales para atacar y destruir a las personas con discapacidad.
Hoy día el gobierno de Milei encarna la misma política fascista, cuando eliminó la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Ahora desfinancia y vacía la Secretaria Nacional de Discapacidad (SENADIS) a través de la no renovación y no tramitación de pensiones, el desmoronamiento y colapso del sistema de salud, la discontinuidad de programas deportivos o culturales, como por ejemplo “Teatros Accesibles” que se llevó adelante en conjunto con el Instituto Nacional del Teatro.
Todo esto sucede en un contexto económico con prepagas desregularizadas y aumento desmedido de las obras sociales, sueldos paupérrimos para acompañantes y trabajadores de salud y educación que pocas personas pueden complementar de forma particular con los famosos “plus” o bonos , donde conseguir un trabajo formal estable es cada vez más lejano, donde se hace imposible accesibilizar una vivienda, comprar cualquier tipo de prótesis o elemento para movilidad, equipamientos respiratorios, medicaciones o tratamientos de alto costo que no podemos esperar a tramitar. Tener una vida mínimamente digna para una persona con discapacidad hoy día se transformó en un privilegio una elite cada vez más reducida, cuando debería ser un derecho para todas.
La Ley de emergencia en discapacidad no tuvo, ni tiene cumplimiento. Los principales cambios que le hacen a esta ley son que el nuevo proyecto presupuestario no deroga la Ley, pero si modifica sus puntos centrales, deshabilitándola de esta forma:
El articulo 36 modifica el régimen de pensiones: del esquema de Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social establecido por la Ley de Emergencia (que el gobierno no cumplió) se vuelve a la “Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral” de un 70% del haber mínimo jubilatorio.
El artículo 37 establece que la pensión será incompatible con el trabajo formal. Esto por supuesto es contrario a la inserción laboral de las personas con discapacidad.
El artículo 38 determina que el gasto para financiar la Ley de Emergencia en Discapacidad será discrecional según lo que considere el Ministerio de Salud dependiente del Poder Ejecutivo. Proyectamos que esto no mejorará la financiación, dado que el poder ejecutivo nos quiere muertas.
El artículo 39 establece expresamente que el Nomenclador no tendrá valores universales para las prestaciones de salud. entonces desaparece el Nomenclador de prestaciones con aranceles únicos y obligatorios para todas las financiadoras, con actualizaciones predeterminadas, y es reemplazado por un sistema desigual de valores, donde para una misma prestación se paga un valor diferente según quién pague.
Es decir que cada empleadora (obra social, prepaga, persona particular, etc.) determina el sueldo de las profesionales de salud. Sólo cuando el obligado sea el Estado Nacional se prevé una determinación trimestral y, si ésta no se realiza, se realiza una actualización tomando como referencia el IPC (Índice de inflación, Índice de Precios Al Consumidor). Esto hace que la salud, que ya es inmensamente desigual, sea definitivamente un derecho de las personas ricas, y que quienes sigan trabajando para sectores vulnerables cobren migajas. Las prestadoras están a merced del mercado de salud, uno de los más ricos y más desalmados.
En Argentina muchas personas locas nos consideramos, tanto por ley como personalmente, personas con discapacidad psicosocial. No porque seamos discapacitadas de forma esencial, en nuestro Ser, sino porque estamos discapacitadas por nuestro contexto social. El sistema nos obliga a auto-reconocernos como tales para acceder a derechos básicos, como el transporte público, el acceso a la educación, a la salud, al deporte y a la cultura. Pocas tenemos el “privilegio” (usado con ironía) de someternos a atravesar exitosamente el derrotero burocrático que requiere obtener el famoso CUD, Certificado Único de Discapacidad. Nuestro éxito: estar a la merced de leyes incompletas e incumplidas, hechas por personas sin discapacidad y sujetas a ser cambiadas en cualquier momento por leyes aún más desiguales.
El descarte de las personas con discapacidad pretende ser silencioso, pero no vamos a dejar de accionar y reclamar por el acceso a derechos que nos corresponde. Para eso necesitamos ser más en las calles y en las redes, apoyando a les Discas que participemos en primera persona como protagonistas de esta lucha.
La organización “Orgullo Disca” como la “Asamblea Discas en Lucha” convocan a participar este Sábado 19 de septiembre en la “Marcha de la Bronca” en Av. de Mayo y Lima en la Ciudad de Buenos Aires. En esa esquina habrá una “Ranchada Disca” un espacio accesible y seguro en el cual se pueden reunir las personas con discapacidad.
El 23 de Septiembre habrá una nueva convocatoria para manifestarse contra el nuevo presupuesto frente al congreso de la nación que niega la jerarquía constitucional de los derechos de las personas con discapacidad en Argentina.
Dibujante, pintore, docente, licenciade en educación y maestrande en derechos humanos en la UNLA