Ministerios de salud deberán pagar multas de $100.000 por día. Celeste Fernández, explica el impacto de la sentencia que obliga al ministerio de salud de la nación y al de la ciudad de Buenos Aires, a pagar multas diarias por no cumplir la ley nacional de salud mental que fue sancionada hace 15 años.
– ¿Cual es tu trabajo en la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia?
Celeste Fernández – Soy codirectora de la asociación, que tiene una estructura de cuatro codirectores ejecutivos, después coordinadores por área y después el staff, y básicamente yo estoy a cargo de supervisar tres equipos de trabajo temáticos, que son el equipo de derechos de las personas con discapacidad, que es aquel en el cual trabajamos estos temas, fortalecimiento de la democracia y apertura del Poder Judicial.
– El 14 de Marzo La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia publicó una noticia titulada “El poder Judicial multó a los ministerios de salud de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires con $100.000 diarios por incumplir la Ley Nacional de Salud Mental” ¿Quien va a cobrar las multas, quienes las van a pagar y quién va a decidir que hacer con ese dinero?
C.F. – Las multas se pagan en el marco del proceso judicial, las tendría que pagar tanto el Ministerio de Salud de la Ciudad como el Ministerio de Salud de la Nación. Ambos ministerios están co-demandados en la causa judicial y ambos están obligados a la creación de dispositivos, ambos deberían avanzar en ese sentido. El ministerio de salud de la ciudad de Buenos Aires, por supuesto solo en el ámbito de la ciudad y el Ministerio de Salud tiene jurisdicción sobre todo el país. Y sobre quién va a decir qué hacer con ese dinero, lo que el juez dice en la resolución es que se tiene que destinar el dinero de esa multa a implementar la faz colectiva de la sentencia es decir la faz colectiva que está dirigida a las personas en situación de alta y requieren dispositivos comunitarios de salud mental.
O sea, todas las personas que en el país estén en situación de alta, internadas por motivos sociales (en hospitales psiquiátricos), tienen que acceder a ese tipo de dispositivos. Pero eso es algo que, cómo se va a operativizar eso y demás, es algo que se va a determinar en el marco del proceso. O sea, vamos a tener que decir nosotros y las defensoras públicas curadoras que fueron las que hicieron la demanda, nosotros nos sumamos como terceros, pero terceros actores, es decir que tenemos la misma capacidad de decir cosas que las curadoras. Entonces nos juntaremos entre nosotros para ver cómo y a dónde pedimos que vaya la plata dentro de ese paraguas general que dio el juez. El Estado también ahí va a tener oportunidad de decir lo que piensa, si está de acuerdo con lo que decimos otros o por qué se opone, y el juez terminará decidiendo. O sea, ahora se abre una etapa en la que tenemos que ver bien cómo poder usar estratégicamente ese dinero y ponerlo en el mejor lugar posible.
– ACIJ denunció la reticencia de los ministerios demandados a impulsar acciones para que las personas que viven en hospitales psiquiátricos puedan salir de ellos ¿Podés darme ejemplos de reticencias de los ministerios de salud de nación y ciudad?
C.F. – La sentencia esta quedó firme en diciembre de 2015, durante 10 años estuvimos pidiendo que el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional que hicieran relevamientos actualizados de las personas que se encontraban en situación de alta médica para tener alguna dimensión de la cantidad de dispositivos que se necesitan y poder planificar la política pública sobre la base de datos. Y les venimos pidiendo hace 10 años que acompañen un plan de cumplimiento de la sentencia. Algo así como proyectar que en tantos años se van a armar tantos dispositivos, este año van a armar tantos dispositivos, el año que viene tantos otros, y así sucesivamente. Básicamente lo que vemos es que no se presentan reglamentos actualizados, creo que el último se presentó en 2021, pero daba un número que no coincidía con el nacional y a nosotros nos parecía menor al real. Y después no presentaron datos más actualizados y tampoco se dio cuenta de la creación de algún dispositivo nuevo. Solamente en la ciudad de Buenos Aires se hizo una especie de residencia nueva en la calle Álvarez Tomás. Por supuesto que son dispositivos donde las personas están transitoriamente, no son viviendas con apoyos ni lugares donde las personas puedan residir en forma permanente.
Lo que pasa es que como no hay ningún lugar a donde ir, como no hay otro tipo de dispositivos, la gente no tiene a dónde irse, entonces no se liberan vacantes en general en esos lugares y están todos con las vacantes llenas. Además de ciertas cuestiones vinculadas a que replican la lógica de la institucionalización (en hospitales psiquiátricos). Pero se informó solamente esa casa de Álvarez Tomás, que tardó años en construirse, que nos informaban que sí, que la licitación nunca se terminaba, finalmente se habilitó. Pero bueno, por supuesto que una sola residencia no es suficiente para dar cumplimiento a la sentencia y para dar la respuesta a todas las personas que están en situación de alta. Entonces, que en 10 años el estado solamente pueda acreditar la casa de Álvarez Tomás es bastante problemático.
Entonces, tanto el relevamiento como el plan de cumplimiento de la asistencia, como la creación de un dispositivo no pudieron probar nada de eso. Incluso en algún momento llegaron a decir que las personas que se habían individualizado al iniciar la causa, que de esas cuatro personas con las que se inició la causa a una, por ejemplo, nunca la habían externado y que ya había perdido la condición de recibir el alta médica. Y nosotros lo que decíamos es, pero obvio, se está enfermando ahí adentro y ahora dicen que no tiene la condición para recibir el alta medica. Ustedes no la externaron cuando tenía condición de alta y ahora dicen que no tiene condición de alta cuando la enferma el propio lugar. Entonces, bueno, ese tipo de cosas hemos tenido que ver.
– El propósito de imponer una multa es destinar ese dinero a la implementación de dispositivos que garanticen la vida en comunidad de las personas neurodivergentes, locas y con discapacidad psicosocial. ¿Que serían esos dispositivos? ¿El dinero podría usarse para fortalecer actividades que ya existen en clubes y centros culturales de barrio? ¿O quieren inventar cosas nuevas?
C.F. – En el marco de la causa, lo que se pueden pedir son dispositivos habitacionales. O sea, no cualquier tipo de dispositivos, como por ejemplo un taller de inclusión sociolaboral. Sin perjuicio, que obviamente estaría buenísimo que esos dispositivos habitacionales articularan con ese tipo de espacios, ¿no? Eso es lo que debería suceder. Pero sí son dispositivos donde las personas vivan. Y ahí hay dos tipos de cosas, hay algunos que pueden ser más provisorios con niveles de apoyo más intensos cuando las personas tienen que recuperar sus habilidades para vivir en la comunidad y después sí, lugares donde las personas puedan vivir en forma cotidiana si lo necesitan con algún apoyo, pero bueno, ya con mucha más autonomía dependiendo de la situación de cada persona, hay personas que seguramente puedan pasar directamente ahí y otras que necesiten más apoyo siempre que lo acepten, obviamente. Pero ninguno de esos dispositivos debería replicar las lógicas de la institución monovalente (Hospital psiquiátrico), ninguno de los deberían ser pequeñas instituciones. Se establece una diferencia en función de los niveles de apoyo como que algunos sean más transitorios y otros sean más definitivos donde las personas ya se quedarían a vivir.
– Las vidas de las personas locas, neurodivergentes y con discapacidad social parecen no importar para el estado argentino desde el año 2010 en que se sancionó la ley de salud mental, en estos ultimos 15 años en que vimos dos gobiernos peronistas, un gobierno conservador y ahora un gobierno liberal. ¿Porque crees que los funcionarios y las funcionarias de los ministerios de salud se negaron a cumplir ordenes de la justicia para implementar la ley vigente?
C.F. – Esta es una pregunta difícil, yo creo que son muchas las causas, pero diría que todo conduce a la prevalencia del capacitismo, del cuerdismo, me parece que ahí está el origen de todos los problemas, por decirlo de algún modo. O sea, la visión sobre las personas con discapacidad psicosocial, neurodivergentes y demás, como personas de menor valor, incapaces de decidir sobre sus vidas y en algunos casos hasta peligrosas. Entonces, me parece que eso es lo que hace que luego no haya en funcionarios con voluntad política de avanzar y de destinar recursos presupuestarios a esto, que los medios de comunicación no cubran el tema, salvo cuando hay una situación dramática y ahí estereotipan mucho a las personas con discapacidad psicosocial, que la comunidad tampoco lo exija fuertemente fuera del movimiento de sobrevivientes de la psiquiatría y el movimiento por la ley de salud mental que es muy pujante. A las personas que no tienen ningún contacto con la temática no parece ser el tema que mueva la aguja.
Entonces en ese contexto hay una situación en la que no presiona la comunidad, no presionan los medios, tampoco los gobernantes tienen incentivos para avanzar en esto porque no hay costos por no cumplir la ley de salud mental. Yo creo que la falta de costo es clara y después por supuesto hay oposiciones de grupos con intereses económicos que no les conviene que esto avance y que tienen cierta permeabilidad en el Estado. Entonces ah tienes otro problema y después hay otro punto que es la oposición de muchas familias. Que ahí algunas tienen motivos más legítimos, otras más ilegítimos. Para mí esos son actores con los que se puede dialogar y con los que se puede intercambiar visiones e intentar convencer un poco de por qué la ley salud mental es importante.
Después hay otros actores que son grupos que tienen intereses económicos, yo creo que no son grupos con los que tenga mucho sentido articular. Algunas resistencias focalizadas, esta falta de voluntad política, de presión de los medios y de la sociedad es lo que hace que puedan pasar 15 años sin que se cumpla la ley. Pensaba en el fallo que justo está en ejecución hace 10 años pero que puedan pasar 15 años de una ley, no se cumpla y no pase nada, muestra a una justicia que tampoco es muy activa. Ahora tuvimos esta resolución, pero bueno, hace 10 años que venimos pidiendo esto, o sea, si la justicia hubiera sido más activa ahí deberíamos haber logrado mejores resultados, ¿no? Sería inadmisible que no te puedan informar dispositivos nuevos después de 10 años y que ni siquiera haya un plan de cumplimiento de la sentencia, entonces es todo parte de lo mismo. El cuerdismo es una visión social que determina todas nuestras prácticas, las prácticas de los diferentes actores de la sociedad.
“Locura en Argentina” publica a un grupo muy diverso de personas que escriben. Estas publicaciones buscan promover en los comentarios un foro público para el debate de ideas sobre las artes, la cultura loca, la salud y la diversidad mental. Las opiniones expresadas en las publicaciones no son las de “Locura en Argentina”, sino las de sus autores. Entonces, ¡bienvenido el debate!
No hay motivos de ningún tipo para los internamientos
Otra vez la excusa de que les hacen un favor, no tienen a donde ir y las víctimas psiquiátricas persuadidas cuando no convencidas y las que no engañadas.
Todos hacemos el loco de vez en cuando o sea…, y no tiene nada de malo.
Yo creo que esta lo hacía y mucho pero ahora por algún motivo está callada y tranquila desde hace tiempo.
¡Que levante la mano el que no ha hecho el loco!
La gente se divierte sanamente y hace el loco.
En España la democracia la fortalecen la Constitución española y los derechos fundamentales de la persona donde están prohibidas esas cosas pero andamos con estrategias.