El gobierno argentino debate una reforma de la ley nacional de salud mental. Pero sus representantes, no reconocen qué es la violencia psiquiátrica y porqué el estado Argentino debería erradicarla.
En mayo de 2008, Argentina aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a través de la Ley 26.378. En noviembre de 2014, el Congreso sancionó la Ley 27.044 y le otorgó jerarquía constitucional. Esto significa que la Convención tiene el máximo nivel legal en el país, a la par de la Constitución Nacional.
Al ratificar este tratado de derechos humanos, el Estado argentino asumió ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el compromiso formal de cumplir sus principios, adecuar las leyes locales y rendir cuentas periódicamente sobre sus avances. Es decir que el Estado argentino, independientemente de sus gobiernos asumió un compromiso que no se puede derogar al menos que se elimine la jerarquía constitucional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
¿A quiénes protege la convención?
Un punto fundamental de este tratado es que protege a todas las personas, sin importar si tienen o no un Certificado Único de Discapacidad (CUD) o un diagnóstico médico formal. La Convención defiende a cualquiera que enfrente barreras en la sociedad debido a un padecimiento o diversidad psicosocial. Protege la dignidad, la integridad física y mental de todas las personas sin excepción. Garantiza derechos ante cualquier situación de crisis emocional o malestar de salud mental, con o sin acreditación formal.
¿Porqué es importante reconocer la violencia psiquiátrica como una forma de violencia?
Las “Directrices sobre la identificación y el abordaje de la violencia basada en la discapacidad” son un texto que fue publicado el 1 de octubre de 2026 por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se trata de la primera vez que este organismo internacional reconoce y nombra de forma tan explícita el concepto de “violencia psiquiátrica” en un documento oficial de pautas generales.
Aunque el Comité ya rechazaba los tratamientos forzados en pronunciamientos anteriores, este texto incorpora directamente los reclamos de colectivos y sobrevivientes de la psiquiatría. El documento define estas prácticas no como excesos aislados, sino como una forma específica de violencia estructural sustentada en prejuicios sociales y en el poder médico coercitivo. El estado argentino está obligado a cumplir estas directrices porque son una guía para las políticas públicas.
¿En qué consiste la violencia psiquiátrica?
La violencia psiquiátrica es una forma de violencia médica e institucional basada en el abuso de poder profesional. Ocurre cuando se imponen encierros, electroshocks, inyecciones de depósito, aislamientos, ataduras físicas, químicas y medicamentos sin el consentimiento libre e informado de la persona.
Esta violencia se sostiene en la idea equivocada de que las personas con crisis emocionales o padecimientos psíquicos no pueden decidir sobre su propia vida o son peligrosas para sí o para terceros. Muchas veces se presenta de manera engañosa como un “cuidado”, “tratamiento” o “protección”. Sin embargo, vulnera derechos humanos básicos como la libertad, el respeto y la autonomía sobre el propio cuerpo y la mente.
¿Qué debería hacer el gobierno argentino en relación a la violencia psiquiátrica?
El Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad estableció estas Directrices, que son una guía con pautas claras para que los países miembros eliminen la violencia psiquiátrica:
- Prohibir la fuerza, la tortura y la coerción: Eliminar por ley los internamientos involuntarios, la medicación forzada, las ataduras físicas o mecánicas, el aislamiento y los electroshocks.
- Respetar la voluntad individual: Derogar la tutela legal y el esquema de decisiones tomadas por terceros. Deben crearse sistemas de apoyo donde la persona elija libremente qué ayuda recibir.
- Cerrar instituciones y fomentar la vida comunitaria: Reemplazar los manicomios y el aislamiento por apoyos en la comunidad, como viviendas accesibles, asistencia personal y redes de pares.
- Proteger a los grupos más expuestos: Prestar especial atención a mujeres, niñas, personas mayores y diversidades sexuales, quienes sufren abusos graves como esterilizaciones o anticoncepciones forzadas.
- Crear organismos de control e inspección: Garantizar supervisiones externas independientes en los centros de salud y disponer de canales confidenciales para realizar denuncias seguras.
- Acompañar las crisis de forma no violenta: Ofrecer alternativas de apoyo fuera del ámbito psiquiátrico tradicional y capacitar al personal de salud y de seguridad para no responder con agresiones o maltratos.
Las “Directrices sobre la identificación y el abordaje de la violencia basada en la discapacidad” publicadas por el Comité de la ONU, pueden leerse en inglés en este enlace.
